Avances, Desafíos y Controversias
Abogado/Ingeniero Comercial
Mg. Gerencia y Políticas Públicas
Existe un consenso generalizado respecto a la urgente necesidad de aumentar las pensiones en Chile. En las últimas décadas, se han dado importantes pasos en esta dirección, como la implementación del pilar solidario y la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes, y la realidad ha demostrado que el sistema de AFP no ha cumplido la promesa de proporcionar jubilaciones equivalentes al 80% de las últimas remuneraciones, una expectativa que data de su creación en 1980. Como resultado, muchos adultos mayores enfrentan dificultades económicas en lo que deberían ser sus años de descanso, mientras que las AFP continúan generando cuantiosas utilidades.
Dado este escenario, la necesidad de mejorar las pensiones es incuestionable. Sin embargo, el punto de discordia ha sido el mecanismo para lograrlo. Se han propuesto múltiples soluciones, incluyendo el aumento de la edad de jubilación, la reducción de la tabla de mortalidad y la eliminación de las AFP. No obstante, la opción que ganó mayor respaldo fue incrementar la cotización previsional del 10% al 16%, lo que posteriormente evolucionó hasta un 18,5%. Esto derivó en un nuevo conflicto: ¿quién administraría este porcentaje adicional? Las posturas se dividieron entre aquellos que abogaban por un ente estatal y quienes preferían que las AFP mantuvieran la gestión.
La Propuesta Aprobada y sus Implicaciones
La falta de acuerdo llevó a que la propuesta inicial fuera rechazada en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, trasladándose casi sin contenido al Senado. Fue allí donde, tras negociaciones entre el oficialismo y parte de la oposición, se logró consensuar un proyecto con cambios sustanciales. Entre los principales aspectos de esta reforma se encuentran:
- Aumento gradual de la cotización previsional del 10% al 18,5% en un período de 9 años.
- Creación de un “préstamo” forzoso del 1,5% de las remuneraciones de los trabajadores al Estado.
- Destinación de un 1% de la cotización adicional para compensar brechas de género en pensiones.
- Un 4,5% dirigido a cuentas individuales y un 1,5% con fines solidarios.
Este proyecto, que difiere significativamente de la versión original analizada en la Cámara de Diputados, fue aprobado con solo 38 votos en contra, tras un debate en el que los parlamentarios tuvieron apenas 7 horas para revisar más de 700 páginas de contenido.
Críticas y Desafíos Pendientes
A pesar de su aprobación, la reforma ha sido duramente criticada por distintos sectores. Sus detractores sostienen que refuerza un sistema previsional que ya ha demostrado ser ineficaz para garantizar pensiones dignas. Entre las principales preocupaciones se encuentran:
La disminución de las garantías que las AFP deben mantener en el país, permitiéndoles retirar aproximadamente 1.800 millones de dólares de encaje.
El incremento de los fondos previsionales destinados a inversiones extranjeras, reduciendo la liquidez disponible en el mercado nacional.
La ausencia de modificaciones en la tabla de mortalidad, manteniendo la carga de las pérdidas sobre los cotizantes.
La desconfianza en la administración de los fondos estatales, ante el temor de una gestión ineficiente.
La incertidumbre sobre la devolución del “préstamo” del 1,5% por parte del Estado, ya que incluso algunos parlamentarios han sugerido que dicho monto no debería ser restituido.
Intervención del Tribunal Constitucional
Actualmente, la reforma previsional se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional debido a los quórum requeridos para su aprobación. En este contexto, el diputado por Concepción, Roberto Arroyo Muñoz, quien debutó en la política con esta legislatura, presentó una reserva de constitucionalidad durante la discusión del proyecto. Esta acción constituye un mecanismo para que el Congreso solicite un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de una futura ley.
El requerimiento presentado por Arroyo y respaldado por 37 parlamentarios argumenta que el Congreso excedió sus competencias al legislar sobre aspectos que van más allá de su mandato constitucional. En particular, se sostiene que la reforma implica una modificación estructural equiparable a la del año 1.980, cuando los afiliados tuvieron la opción de cambiarse al nuevo sistema en un contexto no democrático. Asimismo, se plantea que la intervención del Estado en contratos entre privados y la afectación del derecho de propiedad sobre los fondos previsionales vulneran principios constitucionales.
La reforma previsional es, sin duda, un tema crucial para el futuro del país. Si bien existe consenso en la necesidad de mejorar las pensiones, las diferencias sobre cómo lograrlo reflejan una profunda división en la visión del modelo previsional. La incertidumbre persiste en torno a la constitucionalidad del proyecto y su efectividad para mejorar las jubilaciones en el largo plazo. Será el Tribunal Constitucional el que, en última instancia, determine la viabilidad de esta reforma y su impacto en los derechos de los trabajadores chilenos.